domingo, 2 de febrero de 2014

La casilla que pondría los derechos lingüísticos a tono

Sobre las intenciones de los poderes fácticos nacionalistas y los máximos representantes gubernamentales de la misma cuerda ideológica de seguir imponiendo la inmersión lingüística en “català”, indiferentemente de la lengua materna que tenga el niño al que se pretende educar, no circula leyenda alguna. Angustiosamente para quienes la padecen, esta realidad en Cataluña no admite más interpretación que la de unos exaltados nacionalistas ahítos de soberbia. Por lo tanto, esta imposición lingüística se lleva a cabo sin tener el menor respeto por preceptos internacionales (UNESCO) que obviamente la desaconsejan para niños menores de ocho años que no tengan esta lengua como materna. Ahora bien, da qué pensar que las élites mencionadas al inicio sigan empecinadas en que se aplique tal metodología educativa de forma indiscriminada al tiempo que evitan la inmersión lingüística en “català” para sus propios hijos, catalanohablantes. Por si lo anterior fuera poco, pagan costosísimos colegios privados multilingües donde, paradójicamente, el castellano tiene mayor presencia en horas lectivas que en las escuelas públicas, cuando axiomáticamente la educación en “català” se adapta como un guante a las necesidades pedagógicas de este colectivo de niños. Por otro lado, para los padres de niños castellanohablantes que carecen de recursos económicos, sin embargo, la Generalitat de Cataluña no ofrece oportunidad alguna de una educación en su lengua materna y tan solo la Justicia deja una pequeña puerta entreabierta, tan difícil de franquear, que solo pueden hacerlo verdaderos héroes. Esta circunstancia es aprovechada por muchos nacionalistas para desprestigiar el reducido número de los que solicitan educación en Cataluña con el castellano como lengua vehicular. Todo ello al mismo tiempo que la administración pública se niega, pese a las reiteradas órdenes de los tribunales, a colocar una casilla en los impresos de inscripción de la matrícula de los centros donde los padres deberían elegir la lengua… este derecho a decidir no tiene mucha aceptación entre los sectarios nacionalistas que tanto lo reclaman para materias de las que carecen de competencias legales.

sábado, 1 de febrero de 2014

Asfixiante imposición lingüística en Cataluña

La subyugante marginación lingüística del castellanohablante gracias al fanatismo nacionalista es tal en Cataluña que sería enormemente difícil hallar un lugar en el mundo, en lo referente al derecho que tienen los niños menores de ocho años a recibir su primera educación en su lengua materna, donde se vulneren más los Derechos Humanos. Aunque el grupo más numeroso de la sociedad
catalana es castellanohablante, la educación que reciben los niños en dicha lengua en las escuelas infantiles públicas es de cero horas lectivas hasta los 6 años (primer y segundo ciclo de educación infantil) y posteriormente hasta los ocho años pasa a ser de dos horas de media a la semana (ciclo inicial de educación primaria). Más allá de nuestras fronteras al menos ya hay algún organismo (Departamento de Estado de Estados Unidos) que da la voz de alarma incluyendo la negativa de la Generalitat de Cataluña a cumplir las sentencias judiciales que obligan a atenuar, en parte, la lamentable coyuntura mencionada en los puntos anteriores: sus últimos informes anuales sobre la vulneración de los DD.HH. en el mundo sobre Cataluña son bastante explícitos. Estas no son las únicas tropelías que se cometen desde instituciones públicas en Cataluña sobre el colectivo castellanohablante, pero sí las más aberrantes por afectar a niños de corta edad. Asimismo, estas luctuosas prácticas de discriminación lingüística son tan frecuentes y extendidas por el territorio catalán como la negación de las mismas por parte de autoridades gubernamentales y su inmenso corro de palmeros colocados en entidades sociales y medios de comunicación subvencionados. Por consiguiente, no es raro escuchar a ultranacionalistas, con su habitual cinismo, quejarse de que algunos de los niños catalanohablantes tengan que estudiar el 25% de las asignaturas en castellano (cinco aulas en el hipotético caso de que en esta ocasión las autoridades educativas sí obedezcan la última decisión judicial), mientras callan que la inmensísima mayoría de niños castellanohablantes no pueden estudiar ni una sola hora semanal en su lengua materna.